Inseguridad jurídica y policial.
Comentario editorial sobre los escandalosos casos de EKIN y Urretxu-Zumárraga publicado en GARA el 22 de diciembre de 2001.

Inseguridad jurídica y policial

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional volvió ayer a corregir a Baltasar Garzón y ordenó la puesta en libertad de las seis personas encarceladas por pertenencia a Ekin que aún seguían en prisión. Siempre es motivo de alegría que salgan de la cárcel aquellas personas que no debieran estar en ella. Pero no se puede hablar en este caso de un buen funcionamiento del Estado de Derecho, sino de la absoluta inseguridad jurídica en la que vive un importante sector de la ciudadanía vasca. Inseguridad a la que debe añadirse el peligro de ser detenido, incomunicado durante cuatro días, acusado públicamente de graves delitos ­como les acaba de suceder a vecinos de Zumarraga y Urretxu­ y todo ello sin prueba alguna en contra, lo que queda finalmente patente con la puesta en libertad sin cargos.

En el auto en el que se decreta la excarcelación de los seis procesados por pertenencia a Ekin, la Sección Cuarta vuelve a repetir lo ya dicho en abril de este mismo año, cuando estableció que no hay pruebas que relacionen a Ekin con ETA. Sin embargo, a los pocos días el juez Baltasar Garzón decretó su ilegalización, asegurando que durante la instrucción se habían ampliado datos. La Sección Cuarta sigue insistiendo ahora en que no hay pruebas de dicha relación. Pese a todo, Ekin continúa ilegalizada. Algo similar ocurrió con Xaki, que después de que la Sección Cuarta, instancia superior a Garzón, dictara que formar parte de Xaki no supone colaborar con ETA, el juez procedió a su clausura. También ha quedado constancia de que Baltasar Garzón utilizó una trampa jurídica para poder cerrar "Egin". Acusó a los entonces detenidos de pertenencia a banda armada, mientras que la Sección Cuarta estableció después que no había razones para tal procesamiento. Que sólo cabía la acusación de colaboración, insuficiente para justificar legalmente la clausura de la radio y el periódico. Pero la decisión de Garzón supuso el cierre definitivo de ambos medios.

El sistema español no ofrece garantías en este terreno, puesto que la supuesta corrección de una decisión injusta no evita sus consecuencias irreversibles.